Enfoque Internacional

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.   “Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015. Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros o

Tres días después del devastador terremoto que sacudió Afganistán y dejó más de 1.400 muertos, miles de habitantes en zonas remotas siguen esperando ayuda. Las cifras de víctimas podrían aumentar de forma significativa en un país golpeado por la crisis económica y el aislamiento internacional bajo el régimen talibán. Paradójicamente, este desastre podría convertirse en una oportunidad para que los talibanes intenten reforzar su legitimidad, explica Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México. Afganistán vivió el domingo uno de los peores sismos en décadas, en un contexto marcado por el aislamiento internacional de los talibanes tras cuatro años en el poder. Para Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México, una situación que ya era muy difícil ha empeorado con este desastre natural.  "Desde que llegaron los talibanes al poder en 2021 se congelaron los fondos que ascendían, por ejemplo, a aproximadamente 9 millones de dólares de fondos estadoun

Tres semanas después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia, nuestro corresponsal en la capital recogió las opiniones de habitantes sobre la presencia de militares armados en las calles, así como de vehículos blindados ligeros y MRAPs. El despliegue de 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Washington comenzó el 11 de agosto. Unos días después, la unidad asignada a la ciudad empezó a portar armas. Actualmente, efectivos no solo de la capital, sino también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee —estados gobernados por republicanos— refuerzan la operación. El mandatario republicano los desplegó para lo que él describe como "una ofensiva contra la delincuencia en la capital", dirigida por demócratas. Frente a la Casa Blanca, donde turistas se toman fotos, miembros de la Guardia Nacional caminan en fila con pistolas y rifles. A pocas cuadras, en el Mall Nacional, se observan vehículos blindados, como H